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¿Por qué no hay crédito disponible?

La respuesta que la banca da a esta pregunta es que no ha y demanda de crédito. Es decir, las empresas medianas y pequeñas y las familias no están pidiendo dinero prestado. Esta es también la réplica que el gobierno español ha estado sosteniendo. Y para sostener tal explicación señalan la baja cantidad de solicitudes de crédito por parte de las pequeñas y medianas empresas y por parte de las familias.

Dicha explicación, sin embargo, no se aguanta ni por los pelos. El hecho de que no haya más peticiones de crédito a la banca se debe a las condiciones económicas que ésta exige, con unos intereses elevadísimos. Y una de las razones de esta situación es que a la banca no le resulta rentable dar este tipo de préstamos, que además considera arriesgados porque sabe que la población está perdiendo capacidad adquisitiva, resultado del descenso de los salarios. La banca puede y hace muchísimo más dinero comprando deuda pública a unos intereses desorbitados, que ofreciendo crédito. Y todo ello cortesía del Banco Central Europeo, su lobby particular, que le presta dinero a los bancos a unos intereses bajísimos (menos de un 1%), dinero con el que compran bonos públicos que les dan unos intereses altísimos (algo más del 6% en 2012) en el caso de los bonos españoles. Hay que reconocer que es un negocio redondo. El hecho de que los intereses de la deuda pública sean tan altos se debe a que el BCE no hace lo que debería hacer, es decir, comprar bonos públicos, protegiendo a los Estados frente a la especulación de los mercados financieros (es decir, de los bancos). En consecuencia, el Estado está recortando ahora el gasto público (incluyendo el social, como sanidad, educación y un largo etcétera) para que pueda pagar los exuberantes intereses a los bancos, y así obtener crédito. Solo este año, el Estado español tendrá que pagar una cantidad equivalente al 3,86% del PIB en intereses a la banca por haberle prestado dinero.

Lo que es escandaloso es que todos estos recortes pudieran haberse evitado fácilmente, creando una banca pública con todo el dinero que se ha pagado a la privada. Sumando los intereses de la deuda pública, más los bonos que el Estado debe vender a la banca para conseguir dinero este año, resulta una cantidad nada menos que equivalente al 19% del PIB, que el estado pagará a la banca este año. Y que no se cree un banco público se debe a la oposición de la banca, y de sus lobbies, tanto el BCE como el Banco de España, a que ello ocurra.

Pero la cosa es todavía peor. En realidad, el BCE no puede comprar bonos públicos del estado español. Pero si que puede, según sus estatutos, prestar dinero a intereses bajos, tal como hace a la banca privada, o a una institución financiera pública, tal como el ICO, Instituto de Crédito Oficial. Y lo ha hecho. Pero el ICO, según la propia normativa oficial (escrita por la banca privada a fin de proteger sus intereses), no puede prestar dinero directamente. Y tiene que hacerlo, de nuevo, a través de la banca privada. Es decir, el ICO da dinero a la banca privada para que esta preste dinero en condiciones económicas a las empresas y a las familias, con lo cual estas se encuentran con el mismo problema que cité antes. No pueden pagar los criterios abusivos que los bancos piden. De ahí que de los 22.000 millones de euros que tenía el ICO en 2012, solo un 25% se gastara ofreciendo créditos, que, repito, solo puede ofrecer a través de la banca.

Y para mayor escándalo y bochorno, si cabe, de este 25%, la mayoría ha ido a grandes empresas como Telefónica, Banco Santander y otras entidades que son las únicas que se benefician de esta afluencia de crédito. Y mientras tanto las empresas pequeñas y medianas están colapsando y creando un enorme problema de paro. Y las familias, endeudadas hasta la médula, no pueden salir del agujero. Los hijos de estas familias con becas han dejado de recibirlas porque es casi imposible conseguir crédito.

Y la causa de todo ello es política. Es decir, es la enorme influencia que la banca tiene sobre el estado. De ahí que los escraches deberían centrarse, no solo en la banca, sino en las instituciones políticas mal llamadas representativas que no defienden los intereses de la ciudadanía sino de los grupos fácticos, tales como la banca, que los controlan. Así de claro.

Vicenç Navarro

Fuente: Coop57

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Economía y ética

Foto: Woody economist / Aldo Cavini Benedetti

Es cada vez más frecuente que los problemas económicos se presenten como cuestiones técnicas cuya solución solo requiere la decisión de expertos, de “tecnócratas” o personas muy especializadas. Se evita que sea la gente normal y corriente la que decida sobre ellos porque se considera que no está preparada y que, por tanto, si decidiera podría ocasionar perturbaciones graves, un mal funcionamiento de la maquinaria económica, más o menos como sucedería si cualquiera de nosotros que no tuviese los conocimientos adecuados se empeñase en arreglar su reloj o cualquier aparato más o menos complicado.

Eso es lo que sucede, sobre todo, cuando se habla de cuestiones monetarias. De hecho, los bancos centrales (como en Europa el Banco Central Europeo) que son las máximas autoridades en esa materia y que disfrutan de un poder casi omnímodo, son desde hace tiempo independientes de los gobiernos o parlamentos y sus directivos se nombran haciendo creer a la gente que se trata de técnicos que no toman decisiones “políticas”. Equiparando, además, lo “político” a lo caprichoso de la gente o los gobiernos.

Pues bien, esta es una de las mentiras más grandes que acompaña al discurso y a la política económica de nuestro tiempo.

Ningún problema económico tiene solución “técnica”. Todos tienen soluciones políticas, entendiendo por política toda aquella decisión que no depende de un criterio objetivo sino de una preferencia del tipo que sea.

Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay dinero para hacer un puente entre dos ciudades pero que se puede construir en puntos diferentes de ambas por el mismo precio y con igual recorrido o dificultad. La decisión acerca de qué dos puntos concretos va a unir es política porque depende de las preferencias de la gente. Quienes vivan en un sitio o en otro preferirán seguramente que esté cerca de ellos, o lejos da igual, pero por criterios puramente subjetivos. Y la decisión que se tome será siempre política, es decir, resultado de una prefrencia concreta y no de un criterio técnico. Puede ser que esa decisión política la tome un dictador, o que se eche a suerte o que se haga una votación, pero sea cual sea el procedimiento concreto, será el resultado de una preferencia social.

Otra cosa es que, una vez tomada esa decisión, los ingenieros se tengan que poner manos a la obra y determinar las cuestiones técnicas necesarias para construir el puente, a partir de los puntos que se hayan fijado.

Y lo mismo que consideraríamos una barbaridad que la gente quisiera decidir por votación qué tipo de tornillos o sujecciones deben utilizarse, o dónde poner los puntos de fuerza del puente (porque eso sí son decisiones técnicas y no políticas), también lo sería que los ingenieros quisieran decidir por ellos mismos dónde es mejor que vaya el puente y usurparan a la gente el derecho a hacer valer sus respectivas preferencias (porque esa es una cuestión política y no técnica).

En economía ocurre igual…

Cualquier decisión económica comporta un reparto determinado de la renta. Sea cual sea lo que se decida, siempre implicará que unos u otros se beneficien más o menos. Y la decisión acerca de quiénes deben beneficiarse o salir perjudicados es evidente que no es técnica, sino política.

¿Subir o bajar los tipo de interés es una cuestión técnica?

Si yo tengo un millón de euros en el banco querré que suban, porque así me beneficio. Si debo un préstamo, preferiré que bajen.

¿Es mejor que el euro cueste más o menos dólares?

Si yo vendo sillas a Estados Unidos, querré que esté bajo, porque así venderé más, dado que serán más baratas para los estadounidenses. Pero si tengo una fábrica que compra componentes allí, preferiré que esté alto porque me saldrán más baratos a mí.

Por tanto, cuando el Banco Central Europeo sube los tipos de interés o hace que baje la cotización del euro, o al revés, aparentando que toma una decisión técnica lo que hace es decidir que miles de millones de euros pasen o a un bolsillo o a otro. Es decir, tomar una decisión política puesto que se deriva de una preferencia sobre quién se quiere que se beneficie o no de ella.

Así son todas las decisiones económicas.

Muchas veces, cuando la gente pide mejor distribución de la riqueza oímos decir: sí, pero hay que esperar, porque primero hay que producir más y luego podremos repartir, primero hay que hacer la tarta y luego repartirla.

¡Suena tan lógico que parece indiscutible, pero eso no es verdad!

Eso funciona así en repostería: para poder repartir una tarta hay que crearla antes. Pero en economía, no es así, porque a medida que vamos produciendo ya estamos repartiendo. Si producir un lápiz cuesta un euro es porque hemos retribuido por esa cantidad a todos los que han ido contribuyendo a producirlo (al que sacó la madera, al dueño de la serradora, al que lo cortó, al que lo empaquetó, etc.).

Por tanto, si eso es así, si siempre que se toma una decisión económica se toma en función de una preferencia y no de un criterio técnico, resulta que las decisiones económicas dependen siempre de nuestros principios morales, de nuestros criterios éticos: ¿somos indiferentes al crecimiento de la desigualdad? ¿nos da igual que al consumir destrocemos el medio ambiente? ¿creemos que se debe producir solo lo que pueda pagar la gente que tenga dinero o debemos conseguir que todos los seres humanos tengan acceso a los bienes imprescindibles para vivir, como la alimentación, la sanidad o la educación? ¿es justo que quienes más tienen no paguen impuestos?

Es evidente que las decisiones económicas dependerán siempre de esos principios, de la respuesta que cada uno de nosotros le demos a preguntas de esa naturaleza.

Y por todo ello es por lo que podemos decir que la economía va de la mano de la ética. Plantear las cuestiones económicas, qué política realizar, qué medidas adoptar, etc., sin plantear al mismo tiempo la cuestión moral que comportan es hacer trampa, porque significa que se decide en función de la preferencia particular de quien toma la decisión siendo ajeno a las preferencias de los demás.

La economía sin una explícita reflexión ética sobre los objetivos, sobre las consecuencias y los modos de decidir y aplicar lo decidido es una dictadura, normalmente, de los que tienen más sobre los que tienen menos o no tienen nada. Por eso hemos de reclamar siempre que, antes de tomar cualquier decisión económica, la población pueda pronunciarse sobre ella y que la que se tome sea la preferida por la mayoría. Y que, para que eso se pueda decidir con fundamento, que se pongan antes en claro sus efectos sobre las cuestiones básicas que afectan a la vida y el bienestar de las personas.

Juan Torres López, en ganas de escribir

Fuente: Coop57

Urge otro tipo de banca.

La crisis que está padeciendo este país no ha caído del cielo, ha sido generada en buena parte por una carrera desenfrenada de las entidades financieras nacionales y extranjeras por la búsqueda de beneficios a ultranza. El  soporte empleado ha sido el sector inmobiliario, que ha recibido  una  gigantesca  masa de crédito provocando una espiral de precios  y ganancias  absolutamente insostenibles a medio plazo. La ruptura de este período  de euforia por  la súbita interrupción de la financiación exterior como consecuencia de la crisis internacional ha conducido a la quiebra de varias entidades, especialmente cajas de ahorro, y  a la inutilización del sector para suministrar financiación a la economía.

Esta arriesgada secuencia se ha visto agravada especialmente porque las entidades financieras jugaron con un dinero del que no disponían, que tomaron prestado de los bancos europeos,  que también optaron por participar y beneficiarse del festín de la burbuja inmobiliaria española que entre todos crearon. Sin la manga para regar de euros de los bancos alemanes y franceses, no habría sido posible hinchar tanto el globo inmobiliario.

El cierre del grifo crediticio  ha generado un parón económico de terribles consecuencias que ya se ha llevado por delante 3,5 millones de empleos, ha expulsado de sus  viviendas a  decenas de miles de familias  y  ha utilizado  los ahorros de cientos  de miles de titulares de participaciones preferentes  como primera fuerza de choque para sanear  a bancos y cajas.

Los años del desbarajuste  financiero están pasando una factura tremenda, especialmente a los ciudadanos que han perdido el empleo, los ahorros  o la vivienda, o todo a la vez. Resulta difícil comprender  la ceguera  del Banco de España y del Banco Central Europeo ante  las dimensiones  desproporcionadas  que  iban adquiriendo la burbuja crediticia y unas  prácticas financieras tan heterodoxas.  Ante la ineficiencia de los gobiernos y de los grandes partidos  políticos, la defensa de los intereses ciudadanos está cada vez más en manos de nuevas plataformas  sociales. Igualmente  están mostrando una mayor sensibilidad  por los dramas sociales   los Defensores del Pueblo y Síndics de Greuges, así como algunos jueces de las instituciones  oficiales.

El balance del papel desempeñado por las entidades financieras es  inaceptable por  lo ocurrido. En los años del boom  obtuvieron unos rendimientos extraordinarios de hasta el 30% anual del capital, lo cual ha supuesto unos beneficios acumulados de 190.000 millones de euros (1996-2010). Por el contrario, desde que estalló la crisis, los bancos y sobre todo las cajas  han consumido ayudas, de hasta 185.000 millones, en su mayor parte públicas, nacionales y europeas. Además, el conjunto del sistema financiero español ha sido rescatado literalmente  de la bancarrota por el Banco Central Europeo (BCE) con la inyección de más de 300.000 millones  en condiciones privilegiadas  con tipos de interés del 1% durante tres años.  En resumen,  la crisis ha supuesto una clara transferencia de rentas. Los titulares de acciones bancarias se beneficiaron extraordinariamente en los años  buenos, mientras que los contribuyentes han pagado la factura de los rescates.

En pocos años hemos pasado de tener “el sistema financiero más sólido del mundo” a descubrir unos bancos y cajas  maltrechos que han precisado toda suerte de auxilios públicos, que en contra de lo prometido no han servido para reanudar el crédito a familias y empresas. La realidad es que no sabemos cuál es el estado real de las instituciones españolas . Es necesaria una investigación realizada  por las propias instituciones del país. En  2011, el Gobierno de Estados Unidos realizó  un examen a fondo de su banca  cuyas conclusiones  fueron recogidas  en  The Financial Crisis Inquiry Report, que ha sido de gran utilidad para corregir las irregularidades cometidas. En el Reino Unido, el informe Vickers, encargado por el Gobierno británico, impulsa una reforma estructural del sistema bancario para evitar que las futuras crisis supongan un coste para el contribuyente. En la UE, el informe Liikanen aboga por exigir más capital de los bancos y mayor uso del au-torrescate. El poder, sin precedentes, alcanzado por el sistema financiero en España exige urgentemente una regulación más estricta. Hace falta una radiografía de la situación  real de nuestro sistema financiero, para acabar con las  repetidas sorpresas como  el reciente reconocimiento de una morosidad oculta a través de  la refinanciaciones  de créditos morosos por valor de 150.000  millones. No es  soportable que el volumen de los créditos impagados  en las actividades inmobiliarias  sea ocho veces más elevado que los  fallidos de la  industria.

No estamos en contra de los bancos, ni muchos menos, sino en contra de sus abusos y de sus disfunciones económicas. Es evidente que necesitamos otro tipo de banca y otro tipo de regulación financiera más rigurosa en la línea de las recomendaciones de los informes Vickers y Liikanen. Es urgente disponer de una banca útil, con menos ínfulas,  en la que no tengan cabida los sueldos estratosféricos, que esté efectivamente al servicio de la economía y de los ciudadanos. Los ahorradores deberían disponer de una garantía pública efectiva de sus depósitos y los empresarios y emprendedores, de recursos  necesarios  para financiar nuevos proyectos, único camino para volver a generar rápidamente empleo.

Es necesaria una clara separación entre las actividades financieras útiles para  la inversión y el empleo, que deberían contar con protección pública, de las actividades  especulativas.

Andreu Missé es director de Alternativas Económicas

Fuente: Alternativas Económicas